El portavoz de esta asociación, Manuel Torres, dijo a Servimedia que "en términos generales (la nueva ley) tiene más puntos positivos que negativos", puesto que aborda aspectos que era necesario afrontar, como la modernización de la ofcina judicial.

En este sentido, destacó que reformar la oficina judicial, concepto que hace referencia a la estructura de funcionamiento de juzgados y tribunales, "era algo necesario", puesto que no podía continuarse con un modelo "de hace un siglo".

No obstante, Torres señaló que uno de los aspectos que su asociación considera criticables es el que se refiere al nombramiento de los magistrados de las audiencias provinciales y a que ahora se vaya a valorar no sólo la antigüedad, sino también la epecialidad.

Argumentó que esta modificación no tiene en cuenta que los magistrados ya cuentan con una "formación específica" en materia civil y penal, lo que, a su juicio, hace innecesario la introducción del nuevo criterio.

Asimismo, Torres se refirió a que la Francisco de Vitoria también se opone a que el Consejo General del Poder Judicial intervenga en el nombramiento de cargos de orden jurisdiccional y no orgánico, aspecto este último que sí considera lógico.