El ministro, Tomás de la Quadra-Salcedo, y los presidentes del CGPJ y Cruz Roja, Pascual Sala y Carmen Mestre, respectivamente, firmaron hoy el convenio de cooperación, que tendrá una duración de un año, prorrogable por periodos iguales.

Según consta en el texto del acuerdo, el objetivo del programa es "facilitar la aplicación de las medidas previstas en el Código Penal para el tratamiento de los delincuentes drogadictos" a través de alternativas rehabilitadoras diferentes a la prisión y l prevención de las reincidencias.

El convenio establece el servicio con carácter experiental en el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, "sin perjuicio de su ampliación futura a otros colectivos sociales no drogodependientes en todo el ámbito de los servicios sociales".

El programa será aplicado a los toxicómanos que se encuentren a la espera de juicio o pendientes de la confirmación de sentencia, internados en centros penitenciarios o en libertad provisional o condicional.

Los dogadictos serán atendidos por un equipo de expertos integrado por un psicólogo, un asistente social, un educador y un auxiliar administrativo, profesionales que serán contratados por Cruz Roja.

El Ministerio de Justicia aporta los locales del juzgado, la disponibilidad de línea telefónica y las necesidades de reprografía, mientras que será tarea del CGPJ la supervisión y seguimiento del programa.

Los responsables del proyecto esperan de esta forma conseguir un triple objetivo: apoyar y orientar a detenido y su familia, informar a los jueces y brindarles asesoramiento técnico especializado, así como coordinar la red asistencial pública y privada para asegurar un adecuado tratamiento al tóxicomano delincuente.

Para el ministro de Justicia, la nueva fórmula demostrará que "se puede ser inflexible con el delito y a la vez tratar de ayudar humanamente al delincuente", mientras que para Carmen Mestre es una forma de responder a la preocupación de su institución, que es la de "introducir mecanismos n la sociedad para facilitar respuestas concretas a la vez que complejas para los toxicómanos".

Por su parte, Pascual Sala estimó que el acuerdo "tiende a facilitar la labor de jueces y tribunales y rellena el hueco que se venía detectando en el asesoramiento a los jueces en esta materia".