En la última de las diez reuniones mantenidas entre los representantes del Ministerio y los funcionarios desde el inicio de la huelga, se acordó que éstos remitirían sus alegaciones y propuestas al borrador de pacto propuesto por Justicia, donde iría incluida una contrapropuesta económica, según informó el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo.

Las alegaciones de los funcionarios fueron recibidas el pasado martes, pero según explica el Ministerio no contenían ningún dato sobre la oferta a plantear por los representantes sindicales.

Ese mismo día, el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo contestó a los representantes de los sindicatos que sus alegaciones serán objeto de estudio, pero recordándoles que prometieron formular una propuesta, que supondría la convocatoria de la mesa de negociación.

El Ministerio de Justicia considera necesario "recordar que su departamento ha demostrado su inequívoca voluntad de diálogo, como lo demuestran la decena de reuniones mantenidas, así como las sucesivas propuestas de mejora de las condiciones económicas de los funcionarios".

La última de las ofertas de incrementos salariales, vinculada a un servicio público de mayor calidad, pasó de 40 euros mensuales de aumento en 2008 a 60 euros, explicando a los sindicatos que los Presupuestos Generales del Estado y las leyes impiden a las administraciones públicas asumir compromisos sin cobertura presupuestaria.

Asimismo, agregó 50 euros mensuales más, que se considerarían devengados en 2008 pero que serían pagaderos en una mensualidad extra o de atrasos a principios de 2009; finalmente, ofreció alcanzar los 180 euros de aumento total en abril de 2009.

Asimismo, el Ministerio ha solicitado contrapartidas a los funcionarios, entre las que destacan la aplicación de nuevas técnicas informáticas en la plena implantación de la nueva Oficina Judicial, así como el control del absentismo laboral.

Por su parte, los sindicatos pretenden que no les sean descontados a los funcionarios los días dejados de trabajar con motivo de la huelga, que se encuentra en su sexta semana de desarrollo.

Esta posibilidad está descartada por el Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que "quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esta situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales".

Los funcionarios judiciales dependientes de la Administración central -como los que trabajan en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo- iniciaron una huelga el pasado 4 de febrero para denunciar que cobran hasta 240 euros menos al mes que sus colegas que dependen de las comunidades autónomas.