Esta modificación legal fue reclamada hoy por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, en el discurso pronunciado durante el acto de apertura del año judicial, celebrado en el Salón de Plenos del Triunal Supremo bajo la presidencia del rey don Juan Carlos.

En su alocución, Sala destacó las dificultades que se plantean en la actualidad para deslindar los planos de la legalidad ordinaria y de la constitucional, derivadas en parte de la extensión con que la ley contempla el recurso de amparo.

De ahí la necesidad, a su juicio, de evitar la conversión del Tribunal Constitucional en un tribunal de supercasación al que en último grado esté confiada la revisión de toda sentencia estimada injusta o erónea.

Para Sala, la restricción de acceso al amparo constitucional no supone una disminución del régimen de garantías previsto en la Constitución, sino que éste está asegurado mediante el régimen de recursos establecido por las leyes en la jurisdicción ordinaria.

El presidente del CGPJ también insistió en su discurso en la necesidad de diferenciar entre las funciones del Tribunal Supremo, cuya taera es la defensa de la ley mediante la unificación de sus criterios de interpretación y aplicación,del Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Carta Magna.

A su juicio, esos criterios de interpretación, vinculantes para el resto de los tribunales dentro de las condiciones de formación de la jurisprudencia, deben ser respetados como única forma segura de separar los planos de la legalidad y de la constitucionalidad a no ser que por el Tribunal Supremo se hayan aplicado preceptos legales contrarios a la Constitución.

Finalmente, Sala abogó por la realización de "un desarrollo legislatvo que permita deslindar los ámbitos propios de las jurisdicciones constitucional y ordinaria, no para que discurran por caminos separados, sino para que confluyan en el propósito común de asegurar la máxima protección de los derechos y libertades que nuestra Constitución reconoce".

IMPARCIALIDAD

Por su parte, el fiscal general del Estado, Carlos Granados, destacó en su alocución, pronunciada con anterioridad a la de Sala, que actuará con rotundidad e imparcialidad en la persecución de los delitos, afecte a quien afecte, sin que la ideología política ni el poderío económico de los posibles destinatarios de sus acciones quebrante el máximo rigor con que se debe atajar toda manifestación delictiva en que haya podido incurrir cualquiera, incluídos los más poderosos".

Granados hizo en su discurso un análisis de la función institucional del ministerio fiscal y su evolución estatutaria, destacando que con la promulgación de la Carta Magna está sometido exclusivamente a los principios de legalidad e imarcialidad, lo que, a su juicio, no es óbice para que resulte necesario establecer áreas de coordinación y cooperación con las demás instituciones del Estado.

Tras referirse a las relaciones de la fiscalía con el Gobierno, dijo que la actual fórmula de nombramiento del fiscal general del Estado "no puede debilitar en modo alguno los robustos trazos constitucionales del ministerio fiscal y su autonomía funcional", actuando siempre bajo el principio de legalidad.

Asimismo, refiriéndose a las relacines de la fiscalía con las Cortes Generales, que se traducen, entre otros extremos, en la comunicación al ministerio fiscal de los resultados de una comisión de investigación, dijo que considera "esencial" esa colaboración, "que deberá intensificarse cuanto sea posible".

Finalmente, aseguró que las relaciones del ministerio fiscal con el poder judicial "son de mutuo respeto" y destacó el propósito de la institución de colaborar firmemente en la consecución de una justicia ágil y rápida.

Además de rey don Juan Carlos, estuvieron presentes en el acto el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, numerosos representantes del mundo de la judicatura y el presidente del Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero, que eludió pronunciarse sobre el discurso de Sala diciendo que no emite opiniones, sino sentencias.