La denuncia fue presentada por la Abogacía General del Estado ante el tribunal norteamericano en mayo de 2003. España solicitaba a ABS compensaciones económicas por considerar que había actuado de forma negligente al clasificar como apto al buque que se hundió frente a las costas de Galicia en 2002 provocando el mayor desastre medioambiental de la historia de nuestro país.

El Juzgado de Nueva York dio ayer la razón a ABS, quien había alegado que, según el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, subscrito por España, no se puede demandar a una empresa clasificadora de barcos, como es el caso de ABS.

El artículo 3 de dicho convenio enumera las personas o sujetos intervinientes en el tráfico marítimo que pueden ser demandadas ante una catástrofe como la del Prestige. Estos sujetos son el propietario del buque, sus agentes, el piloto, la tripulación o los agentes de salvamento, pero no las sociedades ajenas al propietario, fletador y naviero dedicadas de forma independiente a certificar las adecuadas condiciones de navegabilidad del buque.

El Ministerio de Justicia ha anunciado que España recurrirá la resolución del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York, primero ante el propio tribunal, y, si este no prosperá, ante el Tribunal Supremo del circuito correspondiente.

"Obviamente, en tanto no se trata de una resolución firme, el Reino de España, a través de la Abogacía del Estado y de los abogados norteamericanos, en defensa de sus derechos, y en el convencimiento de que no existen precedentes jurisprudenciales, de trascendental importancia en el derecho norteamericano, que avalen la interpretación realizada por la jueza, va a interponer los recursos procedentes contra esta resolución, que -conviene insistir- no cierra definitivamente el proceso", explica la nota del Ministerio.