Entre las medidas que recoge el acuerdo, figura el desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria y la potenciación de la alfabetización, y Formación Profesional y Ocupacional, con el fin de proporcionar a estos menores y jóvenes infractores una formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios.

En total se crearán, ocho grupos para Enseñanza Secundaria Obligatoria; 23 grupos de alfabetización; y siete grupos de español para inmigrantes, todo ello repartido en los distintos centros de ejecución de medidas judiciales.

Igualmente, los jóvenes internos que lo demanden podrán cursar en el año 2005-2006 las enseñanzas de Bachillerato a distancia en los centros de la red pública que se determine por la Comisión de Seguimiento del Convenio. En cuanto a la Formación Profesional, funcionarán un total de 20 Talleres Profesionales, Programas de Iniciación Profesional y Ciclos Formativos de Formación Profesional en la modalidad a distancia.

El personal que aportará la Consejería de Justicia e Interior para el curso 2005/2006 se estima en un número 124 profesionales: 14 psicólogos, 14 trabajadores sociales, 17 maestros de taller, 77 educadores y dos coordinadores.

Además, pondrá en marcha un aula de informática en cada uno de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, con conexión a Internet con línea ADSL; un taller de iniciación profesional; una sede y aulas del Centro Regional de Enseñanzas Integradas.

Por su parte, la Consejería de Educación aportará un total de 58 profesionales, entre profesorado, dirección y personal administrativo, además de una dotación presupuestaria para gastos de funcionamiento de las aulas.