A través de un comunicado, Justicia aseguró que "sigue a la espera de una respuesta a la última oferta presentada por la Administración en la mesa de negociación".

Según el Ministerio, esta última oferta contemplaba un aumento de 110 euros por funcionario y mes con efectos desde el 1 de enero de 2008. De este dinero, 60 euros se percibirían mensualmente desde enero de este año y los 50 euros restantes se abonarían acumuladamente como una paga única de, al menos, 600 euros, a pagar en la nómina correspondiente al mes de febrero de 2009.

Al mismo tiempo, Justicia se refiere a que el número de personas concentradas en la sede de este departamento "es de 45,y no de 200", como habían asegurado los sindicatos.

"CUESTIONES NUEVAS"

Asimismo, el ministerio alude a que, en relación con la solicitud que realizaron ayer los sindicatos de mantener una reunión con un responsable del departamento, se asegura que se invitó a los representantes de los trabajadores "a celebrar esta reunión en la mesa de negociación, pero esta propuesta fue rechazada".

Por otra parte, Justicia señala que "las alegaciones y propuestas de las organizaciones sindicales sobre el borrador de preacuerdo presentado el pasado día 29 de febrero por el Ministerio de Justicia eliminan cualquier referencia al control horario de las jornadas laborales de los funcionarios".

En esta línea, el ministerio entiende que el texto de los sindicatos "introduce cuestiones nuevas no contempladas en el borrador de preacuerdo presentado por el Ministerio de Justicia, por lo que el documento recibido ayer debe ser objeto de estudio y, posteriormente, de valoración conjunta por ambas partes en la mesa de negociación".

A este respecto, se afirma que entre las contraprestaciones que establecía el borrador de preacuerdo se encontraban "el compromiso de extender el uso de la informática y de Internet en las oficinas judiciales y aceptar la implantación de programas de control del absentismo, control horario y fomento de la puntualidad".

Asimismo, el departamento sostiene que el preacuerdo también contemplaba "el compromiso de los funcionarios en la reordenación o reestructuración de las oficinas judiciales que el ministerio quiere llevar a cabo, y la contribución a la implantación efectiva de los objetivos previstos en el Plan de Transparencia Judicial y en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia".