Bodas declaró a Servimedia que el paro "no ha alcanzado sus objetivos", algo que atribuyó a que "no había razones de peso para hacer una movilización de esta naturaleza". En este sentido, se refirió a que sólo habían seguido la huelga 3.221 de los 111.748 funcionarios de Justicia al servicio de la Administración central, lo que supone el 27,42 por ciento.

Esto muestra, según este responsable ministerial, que se trataba de "una iniciativa desproporcionada que no promueve el interés general", sino que estaba más bien motivada por "intereses corporativos, que pueden ser legítimos, pero que, sin duda alguna, no son los que interesan a la mayoría de los ciudadanos".

Destacó que los españoles "quieren una Administración de Justicia eficiente, eficaz, moderna y con capacidad de atención en términos racionales y adecuados", para lo cual ministerio está haciendo un esfuerzo importante con objeto de entenderse con los sindicatos.

SUBIDAS SALARIALES

Argumentó que, a pesar de lo que sostienen CCOO o CSI-CSIF, con el ministro Juan Fernando López Aguilar se ha llevado a cabo el aumento "más grande en toda la historia retributiva" de los funcionarios de Justicia dependientes de la Administración central.

Señaló que, desde agosto de 2004 hasta enero de 2006, estos empleados públicos verán aumentado su salario un 18,4%, a lo que hay que sumar la subida general para 2004 y 2005 de la que se benefician todos los funcionarios.

Remarcó que se trata de cifras "absolutamente espectaculares", por lo que no se justifica la negativa de los sindicatos convocantes de la huelga a sumarse al acuerdo firmado por el ministerio con UGT.

Asimismo, Bodas aludió a que tampoco son aceptables algunas demandas que estas organizaciones sindicales plantean en el capítulo de las modificaciones estatutarias, donde existen algunos puntos en los que Justicia tiene intención de mantener su posición.

A este respecto, el director general aludió a que su departamento entiende que no es asumible que CCOO y CSI-CSIF pidan que la movilidad de los funcionarios sea voluntaria, ya que esto lastraría la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial. Añadió que tampoco es aceptable que los sindicatos quieran que no haya puestos de libre designación en los juzgados, ya que esto va contra el criterio de eficacia.

No obstante, el representante ministerial expresó la voluntad de su departamento de seguir negociando e invitó a los sindicatos convocantes de la huelga a sumarse al acuerdo alcanzado con UGT.