La Cámara aprobó el pasado mes de abril una proposición no de ley del PP a favor de una reforma de la Ley Orgánica del Jurado, en un debate sobre el que planeó la polémica derivada de la decisión del jurado que dos meses antes absolvió al joven Mikel Otegi, quien rconoció haber matado a tiros a dos agentes de la Ertzainzta.

El PP defiende la conveniencia de efectuar una serie de cambios en la actual ley del jurado, tendentes a revisar su ámbito competencial, a fijar como única competencia la proclamación de los hechos probados y a potenciar los recursos de casación.

Asimismo, el PP cree que la reforma legal de la institución del jurado que ha puesto en marcha debería establecer el sistema del "escabinado", de manera que compongan los tribunales populares n sólo ciudadanos particulares sin conocimientos de derecho, sino también juristas profesionales.

Según el PP, un jurado mixto tiene la ventaja de que los juristas profesionales son menos presionables que los ciudadanos particulares.

La reforma que plantea el Gobierno facilitará los recursos para rectificar las decisiones, plantear la posibilidad de que los jurados entiendan de la prueba de los hechos, pero no de los aspectos jurídicos, y una delimitación clara de los delitos en los que será compeente, especialmente necesario, a su juicio, tras la promulgación del nuevo Código Penal.

Con la ley actual, las figuras delictivas en las que es competente el jurado son el homicidio e infanticio, la infidelidad en la custodia de presos y de documentos, el cohecho y la malversación de caudales públicos, el fraude y las exacciones ilegales, el tráfico de influencias, la omisión de deber de socorro, el allanamiento de morada, las amenazas y delitos medioambientales.

En los presupuestos generales de Estado para este año hay una partida económica de 270 millones de pesetas para costear los 110 juicios con jurado previsto a lo largo del año.