El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, y el director general de este ministerio, Ricardo Bodas, informaron en rueda de prensa este mediodía de que, de los 11.600 funcionarios judiciales que todavía dependen de la Administración central, fueron a la huelga un total de 2.689.

Este dato no incluye las comunidades de Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia, Valencia, Madrid, Canarias y Andalucía, que tienen las competencias transferidas y llevan la gestión de las retribuciones de sus empleados de Justicia.

Asimismo, López Guerra destacó que esta convocatoria de huelga era "innecesaria", al tiempo que señaló que su departamento mantiene una postura "coherente, abierta y negociadora", y no da por rotos los contactos con los sindicatos, sino que sigue "en período de negociación".

"ENFRENTAMIENTO COYUNTURAL"

El secretario de Estado destacó que el ministerio ha venido teniendo una postura "flexible" con los sindicatos a la hora de estudiar sus reivindicaciones, por lo que lamentó que los representantes de los funcionarios no hayan hecho lo mismo y hayan modificado sus posiciones.

Aseguró que su departamento está dispuesto a abordar parte de las propuestas planteadas, mientras que otras no son asumibles, puesto que ponen en cuestión la implantación de la "oficina judicial", reforma que fue aprobada la pasada legislatura y que está en fase de implantación.

A este respecto, destacó que están ofreciendo a los funcionarios una subida salarial para esta legislatura de un 18,4 por ciento, incremento que, dijo, será el mayor de toda la etapa democrática.

Sin embargo, López Guerra aludió a que cuestiones como la subida lineal planteada por los sindicatos es difícilmente abordable, puesto que pone en cuestión la puesta en marcha de la oficina judicial y comprometería gasto de las comunidades autonómas.

Además, el secretario de Estado calificó de "enfrentamiento coyuntural" con los sindicatos esta convocatoria de huelga, y atribuyó a un intento de defender su iniciativa que alguno de los convocantes haya elogiado a los anteriores responsables del ministerio.

ACUERDOS FIRMADOS

Al mismo tiempo, Bodas rechazó, en primer lugar, que esta sea la primera huelga en la Justicia desde la anterior etapa de gobierno socialista y recordó que el anterior Ejecutivo debió afrontar convocatorias de este tipo en 1996, 2002 y 2003.

Aludió, asimismo, a que, además del 23,18 por ciento de seguimiento de la huelga en la parte de la Administración de Justicia dependiente del Ministerio, el seguimiento había sido también bajo en comunidades como Andalucía, donde la secundó el 14 por ciento, o Cataluña, donde la siguió el 10 por ciento, mientras que en Madrid fue del 25 por ciento.

El director general añadió que Justicia está dando cumplimiento a los acuerdos alcanzados la pasada legislatura y que fueron trasladados al Boletín Oficial del Estado, todos los cuales suman un aumento para los próximos años del 18,4 por ciento.

Añadió que, por el contrario, el Gobierno no se siente vinculado por otros acuerdos a los que llegó el anterior secretario de Estado, Rafael Catalá, con los representantes de los trabajadores, pero que no están firmados y responden a la fórmula de que el ministerio "se compromete a proponer".