En una rueda de prensa, en la que intervinieron Esteban Beltrán, director de AI España, y Antonio Camacho, de la Unión de Fiscales Progresistas, ambos consideraron la ampliación del regimen de incomunicación como un "hecho insólito en la historia reciente de España, donde este régimen se haba ido reduciendo paulatinamente en los últimos años".

El actual régimen de incomunicación es de cinco días, y la reforma prevé una extensión en el plazo de otros cinco días adicionales, a los que se podrían añadir otros tres más si lo decide el juez que instruye el caso.

La incomunicación conlleva que en el periodo en el que transcurre la detención, el reo no tiene acceso a un abogado o a un médico de su elección. También se le niega la posibilidad de notificar a su familia su situación, "sin tenr en cuenta las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas", según AI.

Según Beltrán, la detención incomunicada ha facilitado en las dos últimas decadas "una buena parte de los malos tratos y torturas en nuestro país". La reforma de la ley, a su juicio, "supondría aplicar tres días más de lo que viene haciendo Turquía, un país en el que la tortura es sistemática".

AI propone que las salas de interrogatorios estén vigiladas por cámaras de video, para "evitar tanto las tortras, como las falsas denuncias que, en ocasiones, se vierten sobre los Cuerpos de Seguridad del Estado".

Camacho, por su parte, no cree necesaria una duración "tan dilatada como la que se produce con esta ampliación de la incomunicación y la prisión provisional" y aseguró que este medida no puede utilizarse "como medio para barrer las calles".