La ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, explicó que este sistema “permitirá integrar perfiles de ADN de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos post-mortem procedentes de la exhumación de fosas comunes de personas desaparecidas, durante el periodo de la Guerra Civil y la Dictadura, y ayudar así en la identificación genética de los restos”. Este banco se cruzará con el ADN de las personas afectadas por una posible sustracción de menores cuya denuncia haya sido admitida por los hechos recogidos en la ley.

Bonaparte es un 'software' desarrollado con fondos públicos europeos, creado a petición del Instituto Forense Holandés, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de los Países Bajos. Permite desarrollar una base de datos de ADN para la identificación de cadáveres y personas desaparecidas, y ha sido validado en el ámbito forense en distintos escenarios internacionales como la NFI, Interpol o ACIC.

Es capaz de realizar una búsqueda automatizada de perfiles de ADN de árboles genealógicos complejos, sea cual sea la relación de parentesco de los familiares que donan su ADN con la victima que buscan. Esta es una característica esencial, ya que se prevé una alta casuística de árboles genealógicos complejos, por falta de familiares directos. El sistema dispone, además, de un algoritmo matemático para calcular la significación estadística de las compatibilidades de ADN que se obtengan.

Según informó el Ministerio, el contrato incluye la licencia de software permanente, sin limitación de usuarios, por un periodo de cinco años de mantenimiento e instalación de cualquier actualización; así como una bolsa de horas anuales para la formación de los usuarios, gestión de incidencias e instalación de parches. El banco será gestionado por la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, pero el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses será el encargado del uso de los algoritmos de la aplicación y de los datos genéticos.

Tendrán acceso al banco nacional los laboratorios de ADN estatales y de las comunidades autónomas que participen en proyectos de memoria democrática y previamente hayan sido evaluados satisfactoriamente por la Comisión Nacional para el Uso Forense. Se prevé la participación en el banco estatal de alrededor de 12 laboratorios de ADN de las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias, Madrid, Aragón, Navarra, País Vasco y Galicia.