Esta ley, aprobada en octubre del año pasado, incluye medidas para garantizar una atención sociosanitaria especializada y continuada de 24 horas para los pacientes en fase avanzada y establece que la financiación de las prestaciones sociales tiene que estar a cargo del Estado, en cumplimiento con la Ley de Dependencia.

En el texto registrado, los de Carles Puigdemont subrayan que durante la negociación de esta norma “en todo momento quedó claro que el Gobierno dotaría de recursos a las comunidades autónomas para cubrir las prestaciones de esta, sin la necesidad de que hubiera aprobación” de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

Asociaciones de afectados por la ELA, dice Junts, denuncian que, casi 4 meses después de la aprobación de la ley, “no tienen información de cómo y cuándo se hará la primera aportación de los recursos a los que se comprometió el Gobierno”. Según estas, el Estado tendría que aportar “unos 40 millones de euros para garantizar la atención de al menos 300 enfermes de ELA”.

Ante esta situación, Junts quiere saber cuándo tiene previsto el Gobierno hacer llegar estos recursos a las comunidades para que puedan aplicar las nuevas prestaciones de la ley, con qué criterio se realizará el reparto de los recursos comprometidos y si se establecerá un criterio de peso poblacional.

También pregunta si serán recursos de carácter finalista para aquellas personas que se encuentran en fase avanzada con riesgo de muerte por problemas respiratorios o con traqueotomía y si tiene previsto el Gobierno proponer a las comunidades un mecanismo que les facilite hacer llegar de forma rápida los recursos a las personas afectadas.

Finalmente, entre otras preguntas, este partido quiere saber, teniendo en cuenta que la ley debe dar también cobertura a personas afectadas por otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, que deben ser recogidos en un reglamento, en qué fase de elaboración está este reglamento.