Esta decisión obedece a la reciente entrada en vigor de la nueva ley estatal sobre esta materia, que deroga expresamente la norma objeto del recurso, según informó la Junta.

Entre otros motivos que originaron el recurso, la ley de 2003 atribuía al Gobierno central potestades para fijar las opciones de destino de los preembriones sobrantes almacenados en las unidades de reproducción asistida, lo que suponía un "freno para el desarrollo de las investigaciones" con células madre en el ámbito autonómico, según el Gobierno andaluz.

La Administración central también se reservaba la regulación de los procedimientos de consentimiento informado y de las condiciones de uso de las estructuras biológicas, explicó en un comunicado.

Además, la ley ahora derogada obligaba a los centros de reproducción humana asistida a poner a disposición del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa los preembriones destinados a fines de investigación.

Para el Gobierno andaluz, este requisito constituía una "clara injerencia" en el ámbito competencial de la comunidad autónoma.