Esa fue, precisamente, una de las premisas clave de la reforma estatutaria consensuada en su día por el PP y el PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, que más polémica generó en el debate de toma en consideración del texto legislativo en la Cámara Baja, hasta el punto de enfrentar a diputados del PP por Murcia con sus homólogos de Castilla-La Mancha.

En declaraciones a Servimedia, Lamata advierte, sobre el estatuto que defienden las Cortes regionales, que "el nuestro es hermano de todos esos y también en el tema del agua". "En los demás", recuerda, "se han recogido distintas formulaciones que apuntan a la defensa de los intereses de la región en concreto".

Así, indica, en el caso de Valencia apuntan que tiene derecho a los excedentes de agua que sobre de otras cuencas. En Aragón dicen las Cortes que tienen derecho a una cantidad determinada de reserva de agua o el catalán, que en su preámbulo dice que son una nación. "Es decir, se han buscado fórmulas para recoger una aspiración de la comunidad correspondiente y al mismo tiempo ser compatible con la defensa de los intereses nacionales, y esa es la obligación del Congreso y nosotros lo reconocemos".

En este sentido, expresa su convencimiento de que el Congreso "tratará equitativamente" a Castilla-La Mancha como ha hecho con el resto de comunidades autónomas. "No puede hacer un estatuto mejor para una comunidad que para otra porque no es compatible con la Constitución, por lo que esperamos un resultado positivo con la formulación que convenga a todos", comcluye.