Según informó hoy el Gobierno regional, esta norma regulará el ejercicio de los derechos del paciente durante la última etapa de la vida, asegurando su autonomía y el respeto a su voluntad y dignidad, así como los deberes de los profesionales sanitarios encargados de la atención y las funciones de las instituciones y centros sanitarios.

De acuerdo con el anteproyecto, entre los derechos reconocidos se encuentra el recibir o no, si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el objetivo de ayudarle en la toma de decisiones.

La norma también establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida. Además, el texto regula el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, y garantiza los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si la persona lo desea, en su domicilio siempre que no estén contraindicados.

La intimidad personal y familiar de la persona y la protección de todos los datos relacionados con su proceso de atención sanitaria también están garantizadas. Además, el ciudadano podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte.

Los pacientes que tengan que ser hospitalizados tendrán derecho a una habitación individual durante su estancia, tanto en el ámbito público como en el privado. Por su parte, las instituciones proporcionarán apoyo y asistencia a la familia de la persona en situación terminal para facilitar el proceso y le garantizarán una atención integral durante el duelo.

Por otro lado, el texto también refleja que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán informarle sobre su situación y respetar las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas. También estarán obligados a transmitir información sobre el derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada.

Todos los centros sanitarios tendrán acceso a un comité de ética de carácter consultivo para cualquier conflicto que pueda surgir. Los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para evitar la obstinación terapéutica, así como de ofrecer al paciente todas las intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado y comodidad.

El futuro texto legal también incluirá novedades respecto a las declaraciones de voluntades vitales anticipadas, entre ellas la mejora en la accesibilidad a la elaboración de su testamento vital y su incorporación a la historia clínica de la persona.