La Junta de Andalucía ha tomado esta iniciativa ante el anuncio público realizado por la aerolínea irlandesa de bajo coste de anular todos aquellos billetes que no hayan sido expedidos a través de su página web a partir del próximo día 25 de agosto.

Según informó hoy el Ejecutivo regional, Gobernación está analizando la situación en coordinación con el Instituto Nacional de Consumo.

La Administración autonómica abrirá expediente sancionador a Ryanair con el fin de exigir el cumplimiento de los derechos de los pasajeros, si existen indicios de que la aerolínea incumple los contratos suscritos con sus clientes, y actuará "con toda la contundencia" que la ley permita ante dicha vulneración.

El Teléfono del Consumidor es gratuito y está a disposición de todos los andaluces que requieran información. Su objetivo es contribuir y dar garantías a la seguridad de los consumidores facilitándoles el conocimiento sobre la normativa y las medidas que pueden tomar en caso de conflicto con una empresa.

Este teléfono funciona de lunes a viernes de forma ininterrumpida entre las 9.00 y las 21.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. Los consumidores también pueden informarse en la Dirección General de Consumo (955041000), en los servicios de consumo de las delegaciones del Gobierno andaluz en las ocho provincias y en la web de la Consejería de Gobernación ("www.juntadeandalucia.es").

La Junta recuerda que los clientes de Ryanair que consideren que se han vulnerado sus derechos al anularle un billete o denegarle el embarque, podrán interponer una reclamación ante la compañía o ante su intermediario. Además, con independencia de las acciones legales que desee iniciar contra la compañía aérea, el consumidor podrá presentar una denuncia ante los servicios de consumo del Gobierno regional.

El Ejecutivo andaluz asegura que no permitirá que sevulneren los derechos de los andaluces "en ningún caso", sea con la empresa Ryanair o con otra empresa que tomase decisiones contra algún derecho ciudadano, y, para ello, pone a disposición de los consumidores "todos los recursos que nos permita el Estado de Derecho".