Así, recomendarán al Ministerio de Justicia que los fiscales de sala (la máxima categoría de la carrera fiscal) que sean jefes de una fiscalía cesen a los cinco años de mandato, al cabo de los cuales ingresarn en el Tribunal Supremo.

Otra de las sugerencias propuesta por la Junta de Fiscales consiste en resaltar la figura del teniente fiscal, para que deje de ser un mero sustituto del fiscal jefe cuando éste se encuentra ausente. Consideran que debe ser tratado en un plano superior.

Además, acordaron proponer que quien debe resolver una discrepancia, cuando un fiscal jefe quede en minoría con respecto al resto de la plantilla, sea el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Autonomía que crresponda.

Eso sí, si la diferencia se produce en el seno de la fiscalía del Tribunal Supremo, quien sigue teniendo la última palabra será el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

La Junta de Fiscales de Sala ya se reunió la semana pasada para comenzar a debatir este proyecto de reforma. Ese día se mostraron favorables al límite de cinco años que la Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal prevé para determinados cargos.

La Junta de Fiscales de Sala propuso que los acuerdos del Consej Fiscal en materia de ascensos y sanciones tengan carácter vinculante, tendiendo en cuenta que se trata del órgano de gobierno de la carrera fiscal.

Además, propusieron que para el nombramiento o cese de un fiscal jefe se cuente con un número mínimo de votos favorables dentro del Consejo Fiscal.

Respecto del artículo que se refiere al deber del Ministerio Público de informar a la opinión pública de los acontecimientos que tienen lugar en sede judicial, se ha propuesto que esta labor se atribuya a fiscal jefe correspondiente o a un subordinado que éste designe.

Dicho deber de información a la opinión publica debería extenderse, no sólo a los procedimientos judiciales en los que participe la fiscalía, sino también a las diligencias que se tramiten en las distintas fiscalías.

La Junta de Fiscales también se mostró partidaria de crear una figura para colaborar con los máximos responsables de aquellas fiscalías con gran volumen de trabajo.

La elección de este fiscal delegado debería provnir del fiscal jefe correspondiente, de modo que fuera nombrado por el fiscal general del Estado, previo informe del Consejo Fiscal.

Eso sí, según la Junta de Fiscales, este nombramiento por parte del fiscal general del Estado deberá estar motivado, exigencia aplicable también en el supuesto de que Cardenal se negara a seleccionar al candidato propuesto.

Además, el mandato de esta figura no deberá estar vinculado al del fiscal jefe que lo proponga, según la nota difundida hoy por la Fiscalía Geneal del Estado.