Según la Junta, en esa política se inscriben los recursos ya presentados por el Gobirno, en su día, contra leyes como la de Crédito Cooperativo; del Suelo y Ordenación Territorial; del Impuesto sobre Suelo sin Edificar; del Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito; y de Calidad del Suministro Eléctrico, entre otras.

El Gobierno extremeño explica en su respuesta que la Ley de Comercio de Extremadura, que contó con el informe favorable del Consejo Económico y Social y fue aprobada por la Asamblea de Extremadura sin ningún voto en contra, tiene como finalidad la ordenación del cmercio interior, el impulso, la modernización y la protección del pequeño comercio y, en definitiva, hacer compatible la actividad comercial con la defensa de los consumidores y los usuarios.

Agrega que el texto aprobado por el parlamento regional recibió el apoyo de todos los sectores relacionados con la actividad comercial, especialmente de las asociaciones de comerciantes representativas del pequeño y mediano comercio y de las organizaciones sindicales.

En esta norma, la Comunidad Autónoma estblecía una regulación de los horarios comerciales, "ajustada a las necesidades del sector del comercio extremeño, que difería de la aprobada en su momento por el Gobierno del Partido Popular".

Este conflicto, que también se ha producido entre el Gobierno y otras comunidades autónomas, deberá ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

Como se recordará, siete gobiernos regionales, entre ellos el de Extremadura, recurrieron en su día un decreto del Gobierno que incluía la regulación de aspectos d la actividad comercial, como los horarios comerciales y la apertura de establecimientos en días festivos, que son competencia de las comunidades autónomas.