El Ejecutivo extremeño entiende que el ministerio ha hecho dejación de sus funciones, en estos casos, y que, por intereses meramente partidistas, sí que ha decidido recurrir la iniciativa para poner en marcha las emisiones de Canal Sur Extremadura.

En el escrito se indica que en el territorio del Estado Españo "existen diversos medios de comunicación social de titularidad pública cuya gestión corresponde a organismos de determinadas comunidades autónomas y que, por medios analógicos, vienen emitiendo los que se conocen como segundos canales de estas televisiones".

Dichos canales contravienen la legalidad vigente en materia del tercer canal, añade el escrito, "en tanto que la ley permite la concesión de un único canal para su emisión por ondas, (Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal),pero nunca de un segundo canal televisivo que, en todo caso, habría de emitirse por soporte digital terrestre".

Asimismo, en el requerimiento se añade que "por medios analógicos y para todo el territorio nacional los llamados Canal 47 y Vía Local (de quienes se desconoce quienes puedan ser sus titulares) se llevan a cabo de forma permanente, durante las 24 horas del día y todos los días de la semana, emisiones de televisión sin ostentar la pertinente y legal concesión necesaria para ello (Ley 10/1988,de 2 de mayo, de Televisión Privada)".

El Gobierno extremeño tiene constancia de que estas dos últimas emisoras ofrecen en abierto contenidos como pornografía, adivinación, tarot, concursos ilegales, etc.

Como quiera que la Junta de Extremadura tiene competencias de protección de los menores y que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no hace nada para evitar la difusión irregular e ilegal de los contenidos antes citados, el Gobierno autónomo iniciará las acciones legales correspondientes contra a ministra Anna Birulés, como responsable de no remediar esta situación, que pone en peligro los derechos de los menores.