El convenio se firma en aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que establece la posibilidad de realizar acuerdos de reciprocidad entre comunidades autónomas con el fin de posibilitar la adopción de diversas medidas judiciales, como el cumplimiento de la pena en otra región distinta a donde se ha cometido la falta, además de actuar de apoyo en el caso de falta de plazas en centros de internamiento en algún territorio.

El consejero de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Tomás Mañas, que explicó ante el pleno de las Cortes regionales este convenio, señaló que el fin último del mismo es "apoyar y encauzar la vida de estos menores que tienen problemas de integración social".

Tras pedir a los grupos políticos que evitasen polemizar sobre una cuestión "tan importante y delicada", el consejero señaló que todos los esfuerzos que se realizan desde el Gobierno regional en aplicación de la Ley Penal del Menor, como es el caso de este convenio, tienen por objeto la integración social de unos chicos y chicas que, en su gran mayoría, han vivido situaciones de riesgo y desamparo.

Mañas aclaró que el traslado de menores de Castilla-la Mancha a Andalucía se realizará tan sólo en el caso de que esta medida sea decidida por algún juez, pues en la comunidad castellanomanchega "hemos conseguido tener plazas suficientes en los centros de internamiento para no tener que realizar traslados a otras regiones en cumplimiento de estas penas".

Ante las dudas suscitadas por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la razón de que este convenio se firme únicamente con Andalucía, Mañas explicó que esta región "ha sido la única comunidad autónoma que se ha dirigido a esta consejería interesándose por suscribir un acuerdo de este tipo", si bien no descartó llegar a acuerdo similares con otras regiones limítrofes.