A su juicio, la decisión del Gobierno "sólo puede contentar a unos cuantos regantes de Murcia, mientras que debe preocupar a unos tres millones de españoles de Alicante, Almería, Murcia y Castilla-La Mancha ya que pone en riesgo la posibilidad de futuras derivaciones para abastecimiento, sobre todo teniendo en cuenta que la situación de los embalses de cabecera del Tajo es crítica".

Es por eso que, tal y como adelantó Díaz-Cano, el Gobierno de Castilla-La Mancha estudiará las medidas políticas y jurídicas que llevará a cabo para mostrar su descontento ante la derivación de estos nuevos 82 hectómetros cúbicos -39 para abastecimiento y 43 para regadío- de agua del Tajo al Segura.

"Ya es hora de que el Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Segura, se tome en serio las pruebas que hemos puesto encima de la mesa desde Castilla-La Mancha para saber el agua almacenada en Murcia", manifestó, a la vez que exigió que se investigue "quién riega y cuando se riega en Murcia".

Según el consejero, este nuevo trasvase pone también de manifiesto que una vez que se cuenta con este tipo de infraestructuras no sólo se utilizan, sino que se hace un uso abusivo de las mismas.

Por eso, considera que los que se oponían al trasvase del Ebro tenían razón, no sólo desde el punto de vista medio ambiental o de insostenibilidad económica, sino también por el abuso que se puede llegar a realizar.

"Esta pedagogía impide para siempre la posibilidad de que se pueda construir cualquier otro trasvase en este país", concluyó.