La Junta se ha personado ante el Tribunal Supremo para evitar que se le declare responsable civil subsidiario del pago de 50 millones de pesetas que el abogado del Estado exige sean devueltos en caso de que los encausados sean declarados culpables.

Esos 50 millones de pesetas serían la cantidad que aportó en su día el Ministerio de Industria en concepto de ayudas a las empresas minras del Norte de León concedidas por la Consejería de Economía, de la que entonces era titular el ahora senador del PP Miguel Pérez Villar.

La Sala Segunda del Supremo ha decidido admitir la personación de la Junta después de que otro de los procesados, el entonces director general de Economía, Javier Valenzuela, haya declarado ya que es insolvente, y que la Junta, como responsable civil subsidiario, debería hacer frente al pago, llegado el caso.

El Supremo ha concedido ahora cinco días al letrad de la Junta para que formule el escrito de defensa frente a la responsabilidad civil contemplada en el auto de apertura de juicio oral.