"Además de gravemente improcedente, esta medida del Gobierno central va contra la voluntad del pueblo español, manifestada el pasado mes de junio en el Congreso de los Diputados", añade la declaración.

El Gobierno castellano-leonés insiste en que el traslado de los documentos "supone la disgregación de un archivo establecido legalmente y atenta fundamentalmente contra los principios de la Unesco y del Consejo Internacional de Archivos".

Elportavoz del Ejecutivo regional, José Manuel Fernández, subrayó que la Junta ejercerá las acciones pertinentes para salvaguardar la integridad del Archivo de Salamanca.

La Policía Local de Salamanca mantiene la vigilancia especial del archivo, decretada por el alcalde la ciudad, Jesús Málaga. Paralelamente, el Ayuntamiento ha iniciado una recogida de firmas entre los vecinos para que muestren su oposición al traslado de los documentos.

El Partido Popular también se ha sumado a esta iniciativa y h recogido ya más de 12.000 firmas en las cinco mesas que tiene distribuidas por la ciudad.