De acuerdo con el análisis realizado pr representantes de la Administración regional y varios alcaldes y presidentes de mancomunidades donde residen habitualmente los inmigrantes, a pesar de no ser una tarea que legalmente les competa asumirán este tipo de ayudas para ofrecer a los inmigrantes ilegales unas "prestaciones básicas".

Tanto para la Administración regional como local extremeña, hay que tener en cuenta que "por encima de leyes y preceptos a estas personas hay que tratarlas como seres humanos".

Las ayudas concedidas a los imigrantes ilegales serán principalmente las prestaciones sanitarias, tanto médicas como preventivas, que se facilitarán en los centros de salud y centros sociales de base, además de en los dispensarios que funcionan en los ayuntamientos.

A este respecto, los propios sanitarios locales de las zonas donde principalmente se localizan los inmigrantes les atienden gratuitamente, "ya que se les envió una circular en aplicación de una ley antigua, pero no derogada, por la que deben ser atendidos como si de tanseuntes se tratara".

El Insalud, por su parte, les facilitará los artículos de farmacia que necesiten y los propios ayuntamientos tienen consignaciones específicas para facilitarles la ayuda que requieran. En este sentido, tanto las organizaciones no gubernamentales como los sindicatos colaboran para que lleven una vida "lo más agradable posible".

Otra de las prestaciones que recibirán los inmigrantes es la educativa, puesto que "uno de los problemas que se plantea es la escolarización de los hjos de los temporeros ilegales, ya que los que sí están legalmente establecidos tienen todo el derecho a estar escolarizados".

El colectivo magrebí suele ser el más numeroso de los que trabajan en Extremadura. Legalmente hay en torno a 2.000 inmigrantes, pero la cifra de 'ilegales' no es exacta, aunque se supone que son muchos más que los legalmente establecidos.