Así lo manifestó hoy la consejera de Salud, María Jesús Montero, que ha expuesto ante el Pleno del Parlamento andaluz las principales líneas de actuación que desarrolla su departamento en salud pública.

La consejera señaló que Andalucía está liderando "una nueva forma de concebir y gestionar la salud pública" y subrayó que el objetivo de favorecer la participación de los ciudadanos constituye "un reto permanente y una exigencia prioritaria".

Una de las herramientas fundamentales en las que se sustenta esta iniciativa es el III Plan Andaluz de Salud, que permite identificar los problemas territorialmente y propone objetivos y medidas singularizadas, por áreas y zonas de actuación.

Esto se materializa en la provincialización de esta estrategia, lo que ha permitido, en palabras de María Jesús Montero, "acercar las políticas de salud pública a los ciudadanos, en su entorno, dando respuesta a sus necesidades concretas y específicas y personalizando los problemas de salud".

Junto a ello, también cumple un papel muy importante el II Plan de Calidad, que contempla un enfoque integral de las políticas de salud.

Atendiendo a las líneas de acción centradas en mejorar la salud de la población, aumentando la esperanza de vida y los años libres de incapacidad, destacan, entre los objetivos del plan, la lucha contra el tabaquismo y otras adicciones, la reducción de la incidencia de enfermedades y discapacidades en la infancia, potenciar los estilos de vida saludables en el ámbito familiar, escolar y laboral, y la puesta en marcha de planes integrales para las patologías más frecuentes, como la diabetes, salud mental, cáncer y cardiopatías, a los que se unirán en esta legislatura otros dos sobre el dolor y la accidentabilidad.

La reducción de desigualdades en el ámbito de la salud constituye otra de las prioridades del modelo andaluz de salud pública, que presta una especial atención a los colectivos más desfavorecidos.

Finalmente, en lo que respecta a las actuaciones dirigidas a proteger y proporcionar seguridad ante los riesgos para la salud de los ciudadanos, destacan la existencia de un Sistema Integral de Alerta y Crisis Sanitaria para asegurar una protección permanente de la salud y una respuesta eficaz en situaciones de crisis.