Las multas que se impondrán por los delitos ecológicos que se cometan a partir de ahora en Andalucía por acción u omisión se pretende, según la ley, que no sean incluidas por los presuntos agresores del medio ambiente como un canon.

En el régimen sancionador de la nueva legislación medioambiental figuran circustancias agravantes y atenuantes, en función del daño causado, la inversión del proyecto y el beneficio obtenido.

Esta normatia compuesta por cuatro títulos presta especial atención a la prevención de delitos ecológicos, exigiendo en todos los casos la evaluación de un impacto medioambiental, además de un informe en el que se recoja la calidad y calificación de la actividad u obra a realizar.

En el apartado de la calidad medioambiental, esta nueva ley de protección establece las pautas de gestión para mejorar las condiciones de los residuos, la atmósfera y las aguas litorales.

En las disposiciones generales, la ley se popone como principales objetivos sanear el litoral andaluz, potenciar el reciclaje de residuos y disminuir la contaminación acústica.

Según los expertos, el exceso de ruido es la más importante preocupación de los andaluces, ya que el mayor número de denuncias medioambientales realizadas en los últimos años en Andalucía se deben a este motivo.

La nueva ley que hoy entra en vigor fue aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 26 de abril, con el fin de regular las garantías y condiciones que hande cumplir todas las actividades que se desarrollen en esta comunidad autónoma.

La ley de Protección Medioambiental ha sido valorada en un principio positivamente por la Coordinadora Ecologista y Pacifista de Andalucía (CEPA), que ha dado un margen de confianza para comprobar si su cumplimiento resulta efectivo.