El proyecto, que ha sido consensuado con las asociaciones de drogodependientes y alcohólicos de la región, fija una serie de limitaciones en la publicidad, venta y consumo de alcohol y tabaco, especialmente cuando vayan dirigidos a menores.

La nueva ley garantiza la asistencia sanitaria social al drogodependiente, asegurando la existencia de al menos una unidad de desintoxicación en cada uno de los hospitales generales de la red del Servicio Andluz de Salud.

La publicidad sobre alcohol y tabaco no podrá inducir, en ningún caso, al consumo a los menores, ni utilizar su imagen o su voz. Tampoco podrá asociarse al rendimiento físico, éxito social o efectos terapéuticos estimulantes o sedantes.

El proyecto incluye un régimen sancionador para las infracciones, con multas que oscilan entre las 500.000 pesetas y los cien millones de pesetas, según explicó el consejero de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta, Ramón Marrero.

Marrero acusóal PP de haber presentado un proyecto alternativo que plagia al de Castilla León y que, a su juicio, no sirve para Andalucía. El proyecto también ha suscitado las críticas de Izquierda Unida, por lo que podría no ser aprobado en el Parlamento regional, donde el PSOE no tiene mayoría absoluta.