La Consejería de Agricultura considera que el sistema ocasiona un grave perjuicio para la comunidad autónoma ya que perdería más de 6.000 millones de pesetas, según estimaciones del portavoz del Ejecutivo andaluz, Rafael Camacho.

La Junta fundamentará su recurso en la fijación de la superficie básica por región, necesidad de aprobación comunitaria de la revisión del plan, fijación del rendimiento medio por región productiva y posible infración del orden constitucional.

Si bien el portavoz del Gobierno andaluz aseguró que ni la presentación de este recurso, ni la querella criminal del ministro de Trabajo contra el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, ni la negativa del ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, a entregar las cintas de la comisión mixta de transferencias van a condicionar la voluntad de diálogo de la Junta con el Gobierno central.

"Vamos a poner toda la carne en el asador para calmar una situacón anacrónicamente crispada poniendo toda la mesura que un gobierno debe tener", afirmó, "pero si nos acusan y nos provocan, tenemos que contestar".