Martín Lagos compareció hoy ante la Comisión e Gobernación y Justicia del Parlamento de Andalucía a petición de Izquierda Unida, que requirió la presencia del consejero para que explicase las relaciones entre la junta andaluza e Inpiasa.

En la actualidad, el juzgado número 17 de Sevilla realiza una investigación sobre presuntos delitos cometidos por el ex director de Seguridad de la Junta, dependiente de la consejería de Gobernación, relacionados con adjudicaciones a Inpiasa, entre otras cuestiones.

Desde que comenzó ese proceso el pasado 2 de noviembre, el juzgado ha hecho 33 actuaciones en la consejería de Gobernación para solicitar documentación relativa a las relaciones de la junta con Inpiasa, llegando a presentarse hasta diez policías judiciales en las dependencias solicitando la información, según reveló Martín Lagos.

Tras señalar que el Gobierno regional está facultado para contratar personal por vía directa, explicó que las adjudicaciones realizadas durante el proceso electoral de 1990 fueron delegadas en el director general dePolítica Interior de la Junta, Francisco de Paula Molina.

Este, a su vez, dividió las actuaciones en cuatro áreas, de una de las cuales relativa a las instalaciones e infraestructuras se encargó el entonces jefe de Seguridad, Manuel Gutiérrez Copado.

El consejero subrayó que en Inpiasa, con un capital social de 7 millones de pesetas, figuran como socios Urbano Cepas Rojas y Urbano Cepas Fernández con sus respectivas esposas, las cuales fueron contratadas por Gutiérrez Copado como funcionarias delservicio de seguridad de la Junta.

Agregó que Gutiérrez Copado y uno de los principales accionistas mantienen una amistad muy íntima y fueron socios de una sociedad mercantil, aunque agregó que "a la consejería no le consta que como consecuencia de las relaciones mercantiles o de amistad se haya condicionado la adjudicación a Inpiasa".

La Junta de Andalucía adjudicó cuatro contratos a Inpiasa por valor de más de 102 millones de pesetas, en dos de los cuales, de suministro de infraestructuras, no ue pagada la fianza establecida por la ley, mientras que para otro Inpiasa constituyó una Unión Temporal de Empresas (UTE) debido a su elevada cuantía.

El titular de Gobernación reconoció en todo momento los tres errores cometidos: la no publicidad en el "Boletín Oficial de Andalucía" de las adjudicaciones de más de 5 millones de pesetas, la falta de escritura pública en la UTE, y el retraso en la constitución de las fianzas.

Por su parte, la oposición exigió responsabilidades políticas, además d las jurídicas. Para Izquierda Unida, esas contrataciones pudieran suponer un tráfico de influencias, por lo que el diputado de la coalición Diego Valderas solicitó que la documentación de este caso sea incluida en la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos del parlamento andaluz.

Tanto IU como el Partido Andalucista y el Grupo Mixto señalaron que las responsabilidades políticas deben ser asumidas, además de por el ex jefe de Seguridad, por el actual viceconsejero de la unta y entonces director de Política Interior, Francisco de Paula Molina.

Por su parte, el PP exigió responsabilidades al propio consejero de Gobernación y al presidente autonómico, Manuel Chaves.

En la actualidad, el ex jefe de Seguridad de la Junta, cuya segunda dimisión fue aceptada el pasado 1 de abril, se encuentra destinado provisionalmente en la Escuela de Seguridad Pública de la Junta de Andalucía, tras haber solicitado al Ministerio del Interior su pase a la reserva.