Estos casi 90 millones de euros suponen el coste que tuvo que afrontar la Administración andaluza para restaurar la zona afectada por el vertido de la balsa y es el valor de los bienes que serán embargados de las instalaciones que la empresa tiene en Holanda y Suecia.

La consejera de Medio Ambiente de la Junta, Fuensanta Coves, manifestó que el Gobierno regional "no va a parar" en su persecución a la empresa sueca, aunque admitió "que es posible que tardemos mucho tiempo (en ejecutar el embargo) porque cada vez que la Junta toma una decisión es recurrida inmediatamente por la empresa y demoramos los trámites, pero lo que tengamos que hacer lo vamos a ejecutar".

Coves destacó el importante precedente jurídico que puede suponer que la Consejería consiga ejecutar el embargo, especialmente en materia de responsabilidad medioambiental, dada la complicación de conseguir que una empresa asuma su culpa en un suceso como el de Aznalcóllar.