Sindicatos, partidos políticos y cármas de comercio habían solicitado la promulgación de una ley de stas características, cuyo primer objetivo sería la defensa de la pequeña y mediana empresa comercial, una de las actividades que más empleo genera en Andalucía.

Los citados grupos sociales pretenden que las grandes superficies comerciales compitan en igualdad de condiciones que el negocio tradicional. Varias iniciativas legislativas han sido rechazadas en el Parlamento andaluz por la mayoría socialista.

La postura de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía se basa en que otras leyes rguladoras existentes en distintas comunidades españolas han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional.

No obstante, el gobierno autónomo estaría dispuesto a regular algunos aspectos del comercio mediante normas y decretos, si bien aplicaría libertada para el funcionamiento y horarios de atención al público.