Ninguno de los cinco policías a los que el fiscal considera autores de un delito de torturas cometido en 1984 contra dos presuntos miembros de la banda terrorista Iraultza" se ha presentado en la Audiencia. Tampoco han asistido a la vista otros tres agentes contra los que la acusación popular dirige el procedimiento.

Según reconoció el tribunal, se trata de un error de la secretaría, que envió la citación ayer por la mañana a la Dirección General de Policía, pese a que el juicio estaba fechado desde hace un mes.

A pesar de la inasistencia de los inculpados, el tribunal, presidido por el presidente de la Sección Primera, Joaquín Jiménez, decidió iniciar el rámite de las alegaciones previas a la vista oral.

Las defensas de los policías y el ministerio fiscal han planteado la nulidad del auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, dictado por el juzgado de instrucción en diciembre de 1991, por lo que, de ser aceptado, supondría retrotraer el proceso hasta ese punto.

Por su parte, el representante de la acusación particular, Kepa Landa, opinó que esta solicitud sólo busca retrasar aún más la vista oral. La otra letrada de la cusación particular, Jone Goiricelaia, aseguró al término de la vista que la Administración de Justicia "es muy celosa en ciertos casos, pero no tanto cuando se trata de torturas".

Los hechos que debían juzgarse hoy tuvieron lugar en Bilbao en 1984, cuando dos presuntos miembros de la banda terrorista "Iraultza" fueron detenidos poco después de colocar una bomba en en una sucursal bancaria. Los dos presuntos terroristas denunciaron haber sido objeto de malos tratos y torturas, en las que habría particpado directamente Julio Hierro, entonces comisario y jefe de la Brigada de Información.

El fiscal pide para los cinco acusdos penas que oscilan entre un mes y 16 años de prisión, mientras que la acusación particular, que reconoce a siete inculpados, pide entre los seis meses y los 22 años de cárcel