Elgorriaga argumenta que la iputación de un delito de autoría por omisión del secuestro y torturas de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, por lo que ha sido procesado, "se sustenta sobre débiles fundamentos".

Asimismo, señala que la prisión preventiva en la que se encuentra desde el pasado 19 de junio constituye prácticamente una pena anticipada, y agrega que la vulneración de sus derechos fundamentales resulta todavía más grave "si se observa el trato desigual que están recibiendo los diferentes justiciables" sujetos al sumrio del 'caso Lasa y Zabala'.

En este sentido, apunta que el general Enrique Rodríguez Galindo se encuentra en libertad sin fianza, pese a estar acusado de inducir el secuestro, torturas y asesinatos, mientras que él, que tiene una trayectoria personal de servicio público tan "intachable" como la del general de la Benemérita, se encuentran en prisión incondicional bajo los cargos de conocer y consentir los mismos hechos.

Elgorriaga añade que ese trato desigual también se extiende a Enrique DoradoVillalobos y Felipe Bayo Leal, acusados de obedecer y cumplir las órdenes que supuestamente constituían delito.

En el escrito de solicitud de amparo, Elgorriaga sostiene que a lo largo de la investigación se ha violado su derecho a la libertad y el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces sin que se produzca indefensión y no se ha respetado la igualdad entre los ciudadanos.

El ex gobernador civil de Guipúzcoa mantiene que la orden de su ingreso en prisión se basa en "hechos y datos que o han sido sometidos a la contradicción de la partes", elemento necesario para respetar el equilibrio del proceso.

Añade también que desconoce en qué se basaron los informes policiales en los que se afirma que había riesgo de que intentase huir de la acción de la justicia, una de las razones por las que se puede ordenar la prisión preventiva. A su juicio, este detalle confunde el secreto sumarial "con una suerte de oscurantismos de índole inquisitorial".