JUICIO GUERRA. REMEDIOS VARGAS RECONOCE QUE JUAN GUERRA IMPONIA TEMOR EN EL PSOE

SEVILLA
SERVIMEDIA

La ex-militante del PSOE y jefa del Gabinete del Servicio Andaluz de Salud, Remedios Vargas, declaró hoy que las funciones desempeñadas por Juan Guerra en el despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía eran exclusivamente de partido y aseguró que su proximidad a Alfonso Guerra imponía respeto y temor en la mayoría del partido.

En su declaración ante el juzgado de instrucción, Remedios Vargas llegó a decir que Juan Guerra imponía pánico en el partido por ser l voz de su hermano Alfonso, aunque hoy ha admitido sólo respeto y temor por su directa vinculación con el vicesecretario general del PSOE, a quien veía todas las semanas.

En los pasillos de la Audiencia, el inculpado afirmó que no le consta que ningún militante le tuviera pánico. "Es una barbaridad y un poco exagerado", afirmó a los periodistas.

Remedios Vargas, dirigente que asumió la creación de la corriente Democracia Socialista de Ricardo García Damborenea en Andalucía, explicó ante el tribunl que Guerra le enviaba al SAS a personas marginadas, ajenas al partido, que necesitaban servicios sanitarios, como sillas de ruedas, dentaduras o atención a drogadictos, que, por motivos burocráticos no podían acceder a ellos. "Tenía un gran corazón para resolver los problemas humanitarios", dijo.

Por su parte, Juan Guerra reconoció haber mediado con varias consejerías de la Junta de Andalucía en ayuda a los más necesitados durante los siete años que ocupó el despacho de la Delegación y justificó el so de las instalaciones oficiales de la Delegación para tareas del partido por la doble condición de su hermano Alfonso como vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del partido y diputado por Sevilla.

El juicio podría quedar visto para sentencia mañana, un día antes de lo previsto, por la agilidad de las declaraciones de los testigos y la ausencia de buena parte de ellos.

Juan Guerra es juzgado por presuntos delitos de malversación de fondos y usurpación de funciones por los que la ausación particular, personada por Izquierda Unida y el Partido Andalucista, pide penas de seis a nueve años.

Tanto el Fiscal como el abogado del Estado reclaman la libre absolución del inculpado por considerar que sus imputaciones no están catalogadas por el código penal.

(SERVIMEDIA)
22 Ene 1995
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