El tribunal estará presidido por el responsable de la Sala Segunda, Enrique Ruiz Vadillo, que al mismo tiempo será el ponente de la sentencia que decidirá sobre la culpabilidad de los tres políticos y del empresario José Balaguer, también enjuiciad.

Según fuentes del Alto Tribunal, la fecha de la apertura del juicio oral puede variar por alegación de algunos de los componetes de la sala, ante los múltiples causas pendientes de resolución, pero en cualquier caso la vista se celebrará en el mes de junio.

Las mismas fuentes señalaron que no practicarán pruebas anticipadas para verificar la validez de las copias de las cintas magnetofónicas en las que quedaron registradas varias conversaciones telefónicas mantenidas por los implicados y que detaparon su escándalo, cuyo original no se conserva.

El denominado "caso Naseiro" se remonta a abril de 1990 cuando el entonces titular del juzgado de instrucción número 2 de Valencia, Luis Manglano, autorizó la intervención telelefónica de la vivienda de los hermanos Palop, ya que la policía investigaba a Rafael por presunto tráfico de cocaína.

La intervención permitió conocer que el concejal del ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop, mantenía frecuentes conversaciones con el tesorero del partdo y varios empresarios, cuyo contenido levantó las sospechas del juez.

Las investigaciones judiciales implicaron también al diputado Angel Sanchís, cuya condición de diputado obligó al juez Manglano a remitir el caso al Tribunal Supremo, por su condición de aforado.

Las acusaciones particulares, representadas por Unitát del Poble Valenciá e IU, quisieron implicar al actual presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, y el presidente del PP, José María Aznar, por estimar que estabn al tanto d esas operaciones irregulares.

La sala rechazó ese supuesto, pero ambos fueron propuestos como testigos y podrán ser requeridos en caso de que el tribunal lo estime oportuno. De hecho, los magistrados instaron recientemente a las partes a que formularan las preguntas que, en caso de ser declaradas pertinentes, deberán ser respondidas por Manuel Fraga.

Fraga, se acogió a la prerrogativa que le concede su condición de presidente autonómico para no tener que acudir al juicio y responder al cuestionaio por escrito, mientras que José María Aznar mostró en numerosas ocasiones que está decidido a testificar de forma oral.