El fiscal, que pidió un total de 1.392 años de prisión para el etarra por varios delitos, reclamó durante la vista celebrada en la Audiencia Nacional una pena suficiente que posibilite aplicar la reinserción y se mostró frontalmente en contra de la reducción de las condenas previstas en el proyecto de CódigoPenal, ya que si no, dijo, a los 5 años Zubieta podría estar paseándose por Vich.

Asimismo, manifestó la total oposición de la fiscalía de la Audiencia a los indultos o de medidas de gracia para cualquier persona condenado por delitos de terrorismo, incluidos los de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados por su pertenencia a los GAL.

Durante el juicio, Zubieta sólo quiso responder a las preguntas del ministerio fiscal, admitiendo su pertenencia a ETA pero negando en todo moment su participación en el atentado contra la casa cuartel de Vich, que perpetraron los etarras Juan Carlos Monteagudo y Félix Erezuma, fallecidos al día siguiente de la explosión del coche bomba en un tiroteo con la Guardia Civil cuando iban a ser detenidos.

Reconoció que, a requerimiento de la dirección de ETA, regresó de Francia -donde se refugió en junio de 1990 tras los hechos de la Foz de Lumbier (Pamplona)-, para continuar "con la lucha armada", entre cuyos objetivos dijo que estaban los atentadoscontra la Guardia Civil y contra la casa cuartel de Vich.

Sin embargo, volvió a negar su participación en el atentado señalando que cuando éste ocurrió, él se encontraba "haciendo labores de jardinería" como coartada en un chalé de Llisá de Munt en el que se escondían. Esta vivienda les fue facilitado por Pilar Ferreiro, que hoy declaró como testigo y que actualmente se encuentra en prisión por colaboración con ETA.

Asimismo, afirmó que sus anteriores declaraciones ante la Guardia Civil y en la Adiencia tras ser detenido, en las que reconocía su participación en los hechos, fueron obtenidas bajo torturas.

Finalmente, señaló que "tiene constancia de que se pusieron todos los medios humanos para que la acción no tuviese un desenlace fatal", aludiendo a que desde 1980 ETA "recomienda" a los familiares de la Guardia Civil que no vivan en las casas-cuartel para no servir así de "escudo" ante posibles atentados.

Durante sus conclusiones, el fiscal señaló que este atentado "no es un mero accidete, sino una acción alevosa, con un resultado que se buscó y se quería" e insistió en la participación de Zubieta en él diciendo que la mayor prueba que hay contra éste es que "lo sabía antes, lo sabía durante y lo sabía después " de cometerlo.

Por su parte, las acusaciones particular y populares, representadas por dos abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pidieron 1.500 años para el etarra, y afirmaron que los terroristas conocían que a la hora del atentado, las siete de la tarde, haba niños jugando en el patio del cuartel.

El abogado de la acusación popular, Emilio Murcia, pidió además el procesamiento del alcalde de Oreja, de HB, por ser éste quien transmitió a Zubieta la orden de la dirección de ETA de desplazarse a Cataluña.

Finalmente, el abogado defensor, José María Matanzas, pidió la libre absolución de su patrocinado alegando que no existe ninguna prueba de cargo contra él y que el único elemento en el que se basan las acusaciones son las propias declaraciones de Zubita, de quien "no dudo" que hubiera sido torturado.