Todos los acusados del juicio que la Audiencia Nacional está celebrando contra Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna -las organizaciones de apoyo a los presos de ETA- aseguraron que detrás de este proceso hay "una decisión política para castigar la disidencia vasca" y afirmaron que la sentencia "está escrita de antemano", por lo que decidieron renunciar a su derecho a la defensa.

Antes estas insistentes acusaciones, la jueza Palacios tuvo que intervenir al finalizar esta primera jornada de la vista oral para dejar claro que en este proceso "no se está enjuiciando a la Audiencia Nacional" y para reiterar que, "frente a lo que han venido manifestando los acusados, nosotros no juzgamos ideologías, sino actividades delictivas".

Palacios indicó que, aunque los acusados "piensen que el tribunal es una farsa", éste "dictará la sentencia correspondiente" y señaló que ella y los magistrados de su sección no tienen "más crédito" que su palabra.

Una de las acusaciones más graves la pronunció el tesorero de Gestoras Pro Amnistía, Gorka Zulaica, quien aseguró que antes de celebrarse este juicio "desde el Estado español ya se ha tomado la decisión de condenarnos" con el objetivo de que los movimientos de apoyo a los presos etarras "desaparezcan de la calle para esconder todos los ámbitos de la represión".

Por su parte, el responsable de la red empresarial de la organización, Jon Imanol Beasco, dijo que "la sentencia ya está escrita de antemano" porque "cuando en un conflicto hay dos partes enfrentadas y una parte juzga a la otra no hay posibilidades de imparcialidad"

En la sesión de hoy, la primera de este macrojuicio, declararon la totalidad de los 27 acusados, por lo que la jueza Palacios anunció que la vista oral no se volverá a celebrar hasta el próximo lunes, cuando deberán comparecer los primeros testigos solicitados por el Ministerio Fiscal.