La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz considera probado que Díez filtró a la prensa las primeras actuaciones adoptadas tras presentar el letrado Luis Bertelli una querella contra el funcionario judicial Jun Ramírez por intrusismo profesional.

La sentencia, hecha pública hoy, absuelve a la magistrada del delito de prevaricación del que le acusaba el propio Ramírez al entender que las decisiones de la jueza eran erróneas.

Díez estaba suspendida de sus funciones de manera cautelar por el Consejo del General del Poder Judicial por otra causa. Se da la circunstancia de que Bertelli se convirtió posteriormente en defensor de la magistrada y que Ramírez es el padre de la titular del Juzgado de Instrucció número 3 de Marbella, donde Blanca Esther Díez presidió, en calidad de magistrada suplente, la querella contra él.

El TSJA ha desestimado la denuncia por prevaricación al entender que este momento procesal no es adecuado para valorar la corrección o no de los actos considerados incorrectos por el denunciante.

Sin embargo, en los fundamentos de derecho de la sentencia se recuerda que "podría volverse a plantear la acción por parte de Juan Ramírez una vez terminada la causa en que se profirieron ls resoluciones supuestamente injustas".

En cuanto al delito de revelación de secreto, el tribunal estima que o la jueza filtró directamente el contenido de los autos secretos o bien permitió que terceras personas accedieran a dichos documentos y los pusieran en conocimiento de los medios de comunicación. En cualquiera de los dos casos, dice la sentencia, la magistrada es responsable del delito.

BERTELLI COMETIO FALTA

Asimismo, la sentencia da a entender que el abogado Luis Bertelli pudo incurri en una falta de revelación de secretos, considerada ya como prescrita, al haber comunicado a los medios de comunicación algunas de las resoluciones dictadas por la jueza en relación con un sumario instruído a instancia del letrado.

El TSJA estima que tanto Bertelli, que presentó la querella que dio lugar a las actuaciones, como la procuradora Puche Rodríguez- Acosta pudieron incurrir en la misma falta, que podría haber sido sancionable si la sentencia hoy publicada se hubiera dictado antes de transcurido un año desde que fue cometida esa supuesta falta, en enero de 1993.