En concreto, la jueza amplía a la mercantil y a quince personas la imputación, pendiente aún de recibir informes de la Policía a raíz de la documentación incautada en los registros practicados, cuyo contenido resulta "esencial a los fines de concretar los hechos investigados y determinar la posible implicación de cada una de las personas investigadas".

Estos hechos tienen su origen en las "posibles ilegalidades con trascendencia penal" en los acuerdos entre la RFEF, presidida entonces por Luis Rubiales, y las autoridades de Arabia Saudí, para la celebración en ese país de la supercopa de futbol.

Esos acuerdos habrían supuesto, en caso de cumplirse "hasta su término", unos ingresos de 400 millones de euros para la RFEF y de 40 millones para la empresa de Piqué, en forma de comisiones anuales a su empresa Kosmos.

El auto dice que el atestado policial recoge "la creación de un entramado societario conformado por personal directivo de la RFEF, empleados federativos y empresarios, todos ellos personas allegadas, de una u otra forma", a Rubiales.

"Una vez ha sido contextualizada la relación que mantiene la RFEF, Gruconsa y Dismatec, cabe destacar que, mediante el estudio de la documentación tributaria presentada por la RFEF y Dismatec se ha podido observar una posible triangulación de fondos entre estas dos entidades actuando como eslabón intermedio la constructora Gruconsa", dice el auto.

"Se puede establecer que durante el periodo de mandato del Sr. Rubiales Béjar, la Federación ha contratado los servicios de la mercantil Gruconsa para las obras de la RFEF y otras vinculadas a la misma presuntamente a cambio de que la constructora realizara pagos a la sociedad Dismatec administrada de hecho por el Sr. Javier Martín Alcaide, a la vista de lo cual procede declarar investigada a la mercantil Gruconsa", explica la jueza.