Este caso llegó a la Audiencia Nacional mediante la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso en su día contra la familia del empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa, antigua propietaria de Sintel, por un presunto delito de insolvencia punible.

Dicha querella nació de la denuncia que los propios trabajadores de la firma presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción, pocos días después de instalar, el 29 de enero de 2001, un campamento en el Paseo de la Castellana de Madrid para protestar por su situación laboral.

La investigación que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional gira en torno a la quiebra de la empresa, que en 1996 fue vendida por Telefónica al empresario cubano Jorge Mas Canosa, cuyos herederos lo revendieron a Carlos Gil, en una operación en la que intervinieron sociedades radicadas en el paraiso fiscal de las Islas Vírgenes.