Gabriel Urralburu y Antonio Aragón se encuentran en prisión desde el pasado 1 de diciembre, bajo la acusación de un cohecho continuado.

El juez del caso, Juan Manuel Fernández, ha comenzado una nueva línea de investigación para esclarecer si, además, ambos adjudicaron de forma injusta obras públicas a empresas ue no presentaban la mejor calificación para ello. Se sospecha que las presuntas adjudicaciones a dedo tenían como contrapartida el pago de comisiones.

Concretamente, el secretario ténico y el jefe de sección de asistencia jurídica del departamento de Obras Públicas comparecieron durante todo el día de hoy ante el juez para intentar explicar la actuación del departamento entre los años 1987 y 1991.

Fuentes cercanas al caso indicaron que ambos confirmaron que todas las obras fueron adjudicadas en quel periodo mediante concursos, en los que se seleccionaban las empresas con criterios no siempre objetivos.

Asimismo, reconocieron que, en algunos casos, se realizaron las modificaciones de las obras y, consiguientemente de los precios, con anterioridad a que estas modificaciones fueran aprobadas jurídicamente.

Entre las prácticas poco ortodoxas que durante la etapa Aragón fueron comunes, estaba el que nunca fue rechazado por el gabinete jurídico del departamento una petición de modificación deobra realizada por la empresa que la estaba acometiendo.

Frente a estos testimonios de marcado contenido técnico-jurídico, mañana acudirán ante el juzgado de instrucción dos de los ingenieros con mayores responsabilidades en el departamento de Obras Públicas durante el segundo gobierno Urralburu, dado que fueron los responsables del servicio de Caminos.