El juez togado abrirá una investigación sobre cada uno de los jóvenes declarados insumisos y los citará individualmente para tratar esta cuestión, según el sistema que se ha seguido hasta ahora en estos procesos.

Junto a los insumisos, otros 50 jóvenes se concentraron ante la entrada del Gobierno Militar de Barcelona y corearon consignas de protesta contra el servicio militar y conta el Ejército. Los manifestantes pidieron públicamente a todos los jóvenes que se nieguen a cumplir esta prestación.

Esta presentación de insumisos ante el juez togado militar es la tercera realizada en Cataluña en lo que va de año. Un representante del colectivo entregó en el Gobierno Militar unas declaraciones escritas en las que explican los motivos de su insumisión.

El acto de protesta de esta mañana coincidió con el debate que en esos momentos se celebraba en el Congreso de los Diputados sobe la reforma del servicio militar.

Los 18 insumisos de Barcelona han decidido presentarse ante el juez tres días antes de que se celebre el sorteo de quintos, que afectará a unos 33.000 jóvenes catalanes.

Representantes de las asociaciones antimilitaristas de Cataluña han anunciado que mañana harán público un estudio que demuestra que la inmensa mayoría de jóvenes es contrario a prestar el servicio militar. Los miembros de estas entidades también han anunciado manifestaciones para el próximo domigo ante el cuartel del Bruc, de Barcelona, donde se celebrará el sorteo de quintos.

Por otra parte, una delegación de la Asociación de Objetores de Conciencia de Catalunya entregó ayer un informe al Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán), Frederic Rahola, en el que se recogían unas 30 quejas de los miembros de esta entidad.

Según Alfred Manso, uno de los objetores que habló con Rahola, "la mayoría de las protestas se deben al retraso del proceso, desde que el objetor de conciencia es recnocido hasta que puedes realizar el servicio. A veces llegan a transcurrir dos años y medio".

El Síndic de Greuges manifestó su intención de reunirse con sus homólogos del resto de comunidades autónomas para tratar esta cuestión e intentar encontrar una solución. Rahola se mostró partidario de entregar un informe conjunto sobre la situación de los objetores de conciencia al Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-Robles.