Bravo justifica que votó a favor de considerar el caso como falta muy grave y la suspensión del juez porque "no cumplió una obligación fundamental, que la Constitución establece en su artículo 117, que es hacer ejecutar lo juzgado".

"La función de los jueces no acaba en una sentencia. Después de la firmeza de la sentencia, la ejecutoria estuvo paralizada más de dos años", añade en una entrevista publicada hoy en "El País" y recogida por Servimedia.

Bravo señala que, a pesar de conocer que los imputados "no habían comparecido a la primera citación", el juez Tirado no adoptó "las medidas necesarias para que la sentencia se ejecutara. Se omitió una obligación legal, inexcusable e ineludible, de acordar el ingreso en prisión y el auto de busca y captura".

En relación a las críticas recibidas por la decisión del CGPJ, entre ellas la del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zaptero, Bravo indica que el Consejo adoptó una decisión "basada estrictamente en fundamentos jurídicos y no corporativos", si bien recalca que sus decisiones "están sometidas al escrutinio público".

Por último, Bravo subraya que "no es oportuno y puede confundir al ciudadano" que el Gobierno haya anunciado una reforma del régimen disciplinario de los jueces.