En concreto, el juez se refiere el artículo segundo, apartado tercero de la Ley Orgánica de la Objeción de Conciencia, que regula la penalización de los insumisos al Servicio Militar y a la Prestación Social, informó hoy la Ser.

En una resolución que ya ha sido enviada al Tribunal Constitucional, el juez considera "desproporcionado e injusto" que se castigue con más años de condena a un objetor de conciencia que rechaza posteriormente la PS que a una persona que de entrada se declara insumisa a la PSS y al Servicio Militar.

El juez Vives califica el articulado de esta Ley de "desproporcionado, arbitrario, injusto y desigual". Asimismo, en la mencionada resolución afirma que los objetores que rechazan hacer la PSS no deberían ser castigados como el resto de insumisos porque el objetor, por definición, actúa impulsado por un derecho constitucional, el derecho a la libertad de conciencia. El juez afirma textualmente que los objetores insuisos a la PSS "no son merecedores de ningún reproche penal".

Santiago Vives espera ahora el pronunciamiento del Constitucional para dictar sentencia sobre el caso que le ha llevado a presentar esta cuestión de inconstitucionalidad, el de un profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona que se declaró objetor y que después no compareció en el destino asignado.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña apoya al juez de Sabadell, a quien refrenda en todas sus tesis, segn un dictamen presentado al Juzgado de lo Penal número 1 de la capital del Vallés el pasado día 26 de junio.

Santiago Vives explicó en la Ser que si el Tribunal Constitucional acepta sus tesis se deberían archivar cientos de diligencias por insumisión a la Prestación Social Sustitutoria. Al respecto, el Movimiento de Objeción de Conciencia ha cifrado en unos 1.500 los casos de jóvenes afectados en toda España. En la actualidad, el número de insumisos a la PSS y al Servicio Militar es de 10.000 jóvenesen todo el Estado.