En declaraciones a Servimedia, Requero opinó que hay que actuar de esta manera restrictiva porque la disolución de los ayuntamientos "significa dejar sin efecto un principio democrático", que es el funcionamiento de "unos ayuntamientos elegidos democráticamente".

Añadió que "otra cosa es lo que hayan hecho" estos consistorios, algo respecto a lo que dijo que, a su entender, debe tenerse en cuenta es si el ayuntamiento en su conjunto "ha atentado contra los intereses generales".

A su entender, "no se trata tanto de que el atentado contra los intereses generales lo hayan hecho los concejales o un grupo político, sino que lo haya hecho la corporación en cuanto tal".

Requero añadió que esta interpretación suya variaría si de la sentencia de ilegalización de ANV pudiera deducirse que el Tribunal Supremo entiende que existe una actuación permanente en contra de la legalidad que justificara la disolución de los ayuntamientos.