El juez de Madrid José Antonio Capilla Bolaños dice en su sentencia que son muchas las sentencias que delimitan la delgada línea entre subcontratación y cesión ilegal de trabajadores y que en este caso, si bien las empresas tienen organización y patrimonio propio, la contratación de estas personas lo fue realmente para prestar servicios a Repsol YPF.

Hechos como que las bajas se comunicasen directamente a Repsol YPF o que ningún responsable de estas empresas tuviera presencia física a efectos de control y organización del trabajo en la sede de Repsol lo demuestran, según CGT.

Por su parte, fuentes de la petrolera declinaron pronunciarse sobre esta sentencia cuando Servimedia les invitó a hacerlo.