Para la juez intructora del caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, aún faltan diligencias por practicar, por lo que no procede decretar el sobreseimiento libre de la causa. Esta medida fue solicitada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, encargado de dicho sumario, y por el abogado del Estado.

Para Fungairiño, no existen indicios razonables de que se hayan cometido los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraude que se investigan en este caso. Además, consider que las personas imputadas en este sumario aparecen exentas de responsabilidad criminal.

Por estas razones, Fungairiño es partidario del sobreseimiento libre del caso y de que la juez se inhiba a favor de los juzgados de instrucción competentes para aquellas partes de la investigación relativas a una "presunta defraudación tributaria".

Por el momento, el caso continuará siendo instruido por la juez Palacios, quien investiga los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraud contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por el Banco Santander y más de 200 clientes en los años 1988 y 1989.

Según la juez, las cesiones cambiaron de nombre en varias ocasiones y esto tuvo repercusión fiscal, "pues la Hacienda Pública llamó a personas que desconocían el aparecer nominadas, y sin haber entrado tampoco en contacto con los suscriptores".

La investigación judicial se inició en abril de 1992, a raíz de una denuncia del Ministerio de Economía y Hacienda, que no pudo comproar la existencia real de cerca de 3.000 titulares de las 44.000 operaciones de cesiones de crédito efectuadas por el Banco Santander en el periodo antes citado. La Administración valoró entonces en 400.000 millones de pesetas el volumen de las operaciones y estimó que al menos el 40 por ciento de ese dinero era "negro".