La decisión del juez es consecuencia de los recursos presentados tanto pr la defensa como por el fiscal, que se opusieron al auto de prisión fundamentado por el magistrado en la "alarma social" generada por la falsificación de contraetiquetas de la Denominación de Origen de O Ribeiro y el perjuicio ocasionado a los viticultores y consumidores.

En cuanto a las acusaciones de responsabilidad política de la Xunta, el presidente gallego, Manuel Fraga, declaró que "la Xunta concedió la subvención de un crédito a la bodega para la compra de uva a los agricultores, porque esta epresa era la que más producción adquiría en la comarca orensana de O Ribeiro".

Manuel Fraga añadió, sin embargo, que "hemos aprendido mucho de esto y en adelante se pondrá mucho cuidado para vigilar la legalidad del etiquetado de las botellas".