En un auto, Navarro impone una fianza de cuatro millones de pesetas para el ex coronel y de 2,5 millones para "El Lobo", que saldrán en las próximas horas de la prisión de Cuatro Camins, donde permanecían ingresados.

Los inculpados deberán comparecer asimismo ante la Justicia cada 15 días, aunque, según fuentes de la investigación, se adoptará una "fórmula especial" que no les obligue a presentarse en el juzgado con el fin de garantizar su seguridad, ya que "El Lobo", un 'topo' infiltrado en ETA durante los años setenta, está amenazado por la organización terrorista.

El juez ha accedido de esta forma a la petición hecha ayer por el fiscal especial del caso, José María Mena, que también solicitó el levantamiento de secreto de sumario.

Navarro manifestó sin embargo que no levantará el secreto de las actuaciones hasta la semana que viene "por razones técnicas", ya que, aunque las principales diligencias ya se han practicado, el juez quiere separar del sumario todas las grabaciones telefónicas que afecten a la intimidad y al honor de las personas.

A estas cintas sólo tendrán acceso las personas directamente perjudicadas, que tienen derecho a saber qué conversaciones fueron intervenidas. Las grabaciones estará no obstante siempre a disposición del juzgado.

El instructor decretó el secreto de las actuaciones desde que se produjeron las primeras detenciones, el pasado 15 de noviembre, y durante este tiempo ha tomado declaración a los principales implicados y afectados, entre ellos al presidente-editor de "La Vanguardia", Javier de Godó, desde cuyo despacho se grabaron algunas de las 100 horas de conversaciones intervenidas.

Tras la puesta en libertad de los agentes del Cesid, el único inculpado que permnece en prisión es Juan Gracia Navarro, miembro del equipo personal de seguridad de Godó, al que también se le imputa un delito de tenencia ilícita de armas, ya que poseía una pistola con el número de seguridad borrado.